Por considerarlo de interés para la ciudadanía del Estado de México, además, de la comunidad universitaria en general, Portavoz Estado de México publica íntegro el mensaje del Segundo Informe Anual de Actividades del Órgano Interno de Control (OIC), rendido por su titular, el Doctor en Ciencias Políticas Victorino Barrios Dávalos, ante el pleno del H, Consejo Universitario, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)
Mensaje:
Hace poco más de un par de años cuando aparecía el OIC en el ámbito universitario se generaron expectativas de diversos calibres, desde que no íbamos a hacer nada, que estábamos comprados, que teníamos línea o miedo hasta quienes nos exigían meter de inmediato a la cárcel a tal o cual rector o funcionario, porque según su limitado entender teníamos toda la fuerza legal, moral y la capacidad para hacerlo.
Optamos por la prudencia y la templanza para hacer solo lo que la Ley nos autorizaba, poco a poco el Tribunal Administrativo, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados y hasta las Salas de la Suprema Corte de Justicia nos han venido dando la razón.
En este segundo año de trabajo, podemos afirmar que el OIC ha entrado en un proceso de consolidación de algunas de sus actividades, como es el caso de las DSPyDI, asunto por el cual hasta amparos ha habido y probablemente sigan, hasta que quede bien claro que el carácter de servidor público no se circunscribe a funcionarios del Estado que manejen o tengan a su cargo recursos públicos, sino que es inherente a todo aquel que desempeñe un empleo, cargo o comisión y que por esa razón pudiera incurrir en actos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en su desempeño.
Otra acción que hemos instrumentado es una que guarda similitud con la tercera Ley de Newton, en el sentido de que a cualquier mal uso de los recursos públicos habrá una investigación, sustanciación y en su caso sanción de las faltas administrativas, independientemente del rango o cargo que tenga o haya tenido el servidor público universitario.
No se puede afirmar que estamos haciendo todo lo que nos planteamos porque no es así, nos falta avanzar en la concreción de los casos que hemos denunciado ante otras instancias, sin embargo, ello obedece a los tiempos establecidos en las leyes.
Tenemos claro que los resultados presentados podrían no decir gran cosa, convendría que se hiciera un análisis de lo aquí expuesto porque los datos, las citas, el contexto, incluso las anécdotas y la teoría no representan mucho, sino pasan el tamiz de la crítica constructiva, responsable y con elementos de cientificidad necesarios en un informe como el ahora presentado.
Debe quedar muy claro, no llegamos a esta Institución a entorpecer o detener ningún trabajo, para eso no nos designó la máxima autoridad popular de este Estado, pero tampoco dejaremos de investigar actos ilícitos que nos sean denunciados, ni mucho menos nos achicaremos ante amenazas e intimidaciones de quienes saben que le han hecho daño a esta Universidad.
Nuestro trabajo va más allá y consiste en investigar y sancionar, en su caso, actos de corrupción y otros que por el paso del tiempo se consideraban impunes, con la ley y la norma a nuestro alcance lo haremos, ningún funcionario o empleado de grupo, secta o partido al que pertenezca quedará sin la sanción correspondiente si atenta contra nuestra Alma Mater.
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