La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, con apoyo de la Guardia Nacional, así como de las fiscalías generales de justicia de Guerrero y de la Ciudad de México, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos del Gobierno del Estado de México, señalados por su probable participación en una red de extorsión en agravio de propietarios de Centros de Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible.
Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, y Carlos Eduardo “N”, Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.
De acuerdo con las investigaciones, Raúl “N” fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue aprehendido en la Ciudad de México.
Las órdenes de aprehensión derivan de diversas denuncias presentadas por víctimas y de los actos de investigación realizados por la FGJEM, mediante los cuales se estableció, de manera preliminar, la probable participación de ambos servidores públicos en una estructura dedicada a la extorsión, en la que presuntamente también intervienen otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares.
La investigación señala que esta estructura habría obligado a propietarios de Verificentros a realizar pagos ilegales a cambio de permitirles continuar con sus actividades, además de que, en algunos casos, presuntamente se habrían utilizado atribuciones oficiales para simular actos administrativos con el propósito de afectar o despojar a los legítimos propietarios de concesiones y de infraestructura adquirida por las propias víctimas.
Según las indagatorias, estas acciones se habrían realizado bajo amenazas y advertencias de posibles represalias en caso de que las víctimas denunciaran los hechos.
La FGJEM informó que, hasta el momento, se ha establecido que el esquema investigado habría generado recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales, derivados de las cuotas exigidas para evitar el cierre de líneas de verificación. A ello se sumarían cantidades adicionales presuntamente cobradas por la revalidación de las autorizaciones correspondientes.
Las investigaciones establecen que los pagos presuntamente eran exigidos en efectivo y entregados en un domicilio que ya fue identificado por las autoridades ministeriales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que buscará establecer contacto con otras posibles víctimas, particularmente aquellas que, por temor a represalias, no han formalizado una denuncia. La incorporación de nuevos casos podría ampliar el monto de los recursos ilícitos que presuntamente habría generado esta estructura.
La FGJEM precisó que las investigaciones continúan con el objetivo de obtener las órdenes de aprehensión correspondientes que permitan llevar ante la autoridad judicial a todos los probables involucrados.
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